Es grave, seria y lamentable la decisión tomada por las autoridades legislativas comunales que demuestran en ese acto una falta de conocimiento absoluta de los derechos de las personas y de los comunicadores, ante tamaña actitud de índole discriminatoria. El ejercicio de la profesión periodística se encuentra enmarcado en la categoría de trabajo esencial y se realizó durante el año en curso, en consonancia con la crisis que atraviesa la sociedad en su conjunto, bregando por transmitir la información, como es su digna función, sin pretender en ningún momento vulnerar los protocolos de distanciamiento y prevención establecidos por la autoridad sanitaria, buscando desempeñar su rol sin privilegio alguno y sin generar situaciones que pudieran propender al contagio de la población.
Es nuestro deber, como comunicadores y como miembros de esta sociedad, expresar a viva voz nuestra disconformidad ante lo que consideramos un hecho de discriminación grave que debe generar un alerta ante las mismas autoridades, de los distintos Poderes del Estado, por el riesgo que conllevan estas actitudes emparentadas con el abuso de poder.
Asimismo, sostenemos que más allá de los rumores, es necesario una explicación oficial del hecho, por parte del legislativo obereño, entendiendo que se debe apuntalar la prevención y cuidados y no las prohibiciones.