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| Caso Bárbaro: detenidos pagan $3 mil para estar en la clínica |
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| martes, 03 de junio de 2008 | |
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"Me puedo escapar cuando quiera", dijo Piotroski. Por ello, el abogado de otro acusado pidió que sea trasladado al Penal de Loreto. Tienen muchas comodidades en el lugar
Matías Ortiz y Gabriel Piotroski, dos de los imputados por el crimen de María Elena “Marilyn” Bárbaro, aguardan la resolución de la causa recluidos en una clínica privada de esta localidad, privilegio por lo que sus familiares abonan tres mil pesos mensuales. Mientras tanto, los otros tres acusados, Rubén Schming, Pedro Dos Santos y Daniel “Chaparro” Núñez, permanecen detenidos en la Unidad Penal Dos de Oberá. En la misma clínica en la que están alojados Piotroski y Ortiz, hijo de la ex diputada Marlene Carvallo, también se halla detenido Dante “Willy” Ríos, hijo del intendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos, imputado por el asesinato de la estudiante Silvia Andrea González (15). El citado centro asistencial, ubicado sobre la calle Berutti, se especializa en salud mental y el costo diario de internación ronda entre 200 y 250 pesos, según la medicación prescripta para cada paciente. De todas formas, en los casos de Piotroski y Ortiz, sus familiares arribaron a un acuerdo con la administración y abonan tres mil pesos mensuales por cada uno. “Hace tres años que están internados y les salía carísimo, por eso hicieron un acuerdo con la clínica y ahora pagan tres mil pesos por mes. Sería como un alquiler”, confió una fuente de la misma clínica. Diferentes problemas psiquiátricos son el argumento esgrimido por las respectivas defensas para justificar la internación de los imputados. Derivación judicial Heladera, televisor, computadora y equipo de música, algunos de los beneficios que ostentan los presos VIP del caso Bárbaro. Para colmo, la custodia en el lugar no ofrecería las garantías que exige la Justicia en estos casos. Al respecto, en declaraciones periodísticas la semana pasada Piotroski aseguró “si quiero me puedo ir a la hora que se me canten las pelotas, pero no me voy a ir porque quiero que se haga justicia por esta señora que asesinaron”. Además, reconoció que desde hace seis meses no consume marihuana, aunque está detenido en el mismo lugar desde hace casi tres años. En base a estos dichos, Roberto Bondar, defensor de Rubén Schming, presentó ayer ante la justicia un pedido de traslado del imputado a un sitio más seguro, según confirmó el letrado en diálogo con El Territorio. El escrito fue elevado a la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, quien entiende en la causa, y se circunscribe únicamente a Piotroski. “Solicité que se lo traslade a un lugar donde tenga una debida custodia, como el Área Psiquiátrica de la Unidad Penal de Loreto, porque él mismo reconoció que puede escaparse de la clínica cuando quiera”, subrayó Bondar. Según el letrado, para mantener la reclusión de privilegio las respectivas defensas presentan cada mes ante la jueza un certificado médico emitido por la propia clínica, lo que es al menos sugestivo. Subrayó además el contraste con la atención que recibe su defendido, quien desde que ingresó a la Unidad Penal II perdió 20 kilos de peso. “Hay una gran diferencia entre los que tienen acceso a la marihuana y otros que ni siquiera reciben tratamiento médico. Schming tiene problemas pulmonares, tal vez sea tuberculosis, pero hasta ahora no le hicieron ningún estudio”, lamentó. El trágico episodio de muerte Marilyn Bárbaro fue asesinada a golpes y enterrada en el sótano de su casa en Oberá, la noche del sábado 17 de abril de 2004. Uno de los detenidos por el caso, Rubén Schnimg, que dijo que actuó de campana la noche del crimen y ese fue el primer argumento de la Justicia para detener a los demás sospechosos. Schnimg es el único de los detenidos que reconoció haber estado en la escena del crimen e incriminó a Gabriel Piotroski, Matías Ortiz, Patricio Do Santos y Daniel “Chaparro” Núñez. Todos fueron procesados como presuntos coautores de los delitos de “homicidio calificado por el ensañamiento y alevosía y robo en concurso real”. El caso está en el Superior Tribunal de Justicia. (Territoriodigital) |
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